El Consejo de Ministros ha aprobado una línea de avales del Estado, para la compra de la primera vivienda, destinada a unos 50.000 jóvenes y familias con menores
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha enmarcado la iniciativa en el conjunto de medidas adoptadas para abordar un «problema complejo» para el que no existen «soluciones fáciles ni únicas». Entre esas acciones, ha destacado los 3.500 millones de euros para políticas públicas de vivienda recogidos en los Presupuestos Generales de 2023, la aprobación de la Ley de Vivienda, los planes estatales impulsados con las comunidades autónomas y los más de 4.500 millones del Plan de Recuperación para fomentar el alquiler asequible y la rehabilitación, entre otros fines.
Aval para acceder a la hipoteca
Isabel Rodríguez ha explicado que los avales se dirigen a personas que cuentan con una estabilidad económica y laboral y han decidido adquirir una vivienda, pero no pueden hacerlo por la situación del mercado hipotecario y la falta de ahorros. «Les vamos a avalar y vamos a dar garantías a su banco para que puedan acceder a esa hipoteca que les garantizará su vivienda», ha manifestado. El aval del Estado cubrirá, con carácter general, hasta el 20% del importe del crédito.
La medida permitirá, además, abordar dos cuestiones específicas, según ha sostenido la ministra. Por una parte, aliviará la situación en las zonas donde la renta que se paga por el alquiler supera al pago que supondría la cuota de la hipoteca, al facilitar que salgan de ese mercado personas que quieren tener una vivienda en propiedad. Por otra parte, ayudará a fijar la población en el medio rural, otra de las prioridades del Ejecutivo.
En el diseño de la línea de avales, el Ministerio ha tenido en cuenta el perfil de las familias que, debido a la crisis financiera de hace quince años, perdieron la capacidad de comprar una vivienda y aún no la han recuperado, y el hecho de que el 40% de los arrendatarios destinan al alquiler más del 40% de sus rentas, entre otros factores. La meta -ha indicado la ministra- es que ningún ciudadano tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos para acceder a una vivienda digna.
A través del ICO
El acuerdo del Consejo de Ministros se concretará en un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) al que podrán adherirse las entidades financieras, con las que ya han mantenido conversaciones tanto el Ministerio de Economía como el de Vivienda, según ha apuntado Isabel Rodríguez. Está previsto que los préstamos que se acojan a esta línea de avales puedan formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2025. El convenio con el ICO recogerá que ese plazo podrá prorrogarse dos años más.
Avales del Estado para la compra de una vivienda: condiciones y requisitos
¿Quiénes podrán beneficiarse? Podrán beneficiarse de la línea de avales jóvenes de no más de 35 años y familias con menores a cargo para la compra de su primera vivienda, destinada a residencia habitual y permanente. Tendrán que ser personas físicas mayores de edad y con residencia legal en España, acreditada de manera continuada e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo.
De manera general, no podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad, independientemente de la forma de adquisición de esta.
¿Cuál es el plazo? El plazo del aval será de 10 años como máximo; la vivienda tendrá que ser la habitual del solicitante de la hipoteca durante al menos 10 años también.
Ingresos máximos de la persona beneficiaria. Los ingresos individuales del beneficiario no podrán superar 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, los 37.800 euros brutos al año. En el caso de que la vivienda la adquieran dos personas, la cantidad será el doble. Además, el límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo. En cuanto al valor del patrimonio del beneficiario, no podrá exceder los 100.000 euros.
¿Cuál puede ser el precio máximo de la vivienda? Respecto al precio de la vivienda adquirida, la ministra ha apuntado que el Gobierno velará por que exista un límite máximo que podrá fijarse en función del ámbito territorial y ser modificado después por la comisión de seguimiento del convenio.