El Gobierno de España ha firmado un acuerdo con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro de la ONCE para el periodo 2022-2031.
Objetivo
Con este acuerdo se pretende garantizar la estabilidad institucional y financiera de la ONCE, para continuar desarrollando su labor social y seguir cooperando con las administraciones públicas en el desarrollo de políticas sociales y mejorando la eficiencia de las condiciones en que venía comercializando sus modalidades de lotería.
En reciprocidad, la ONCE asumirá una serie de compromisos sociales en relación con la prestación de Servicios Sociales de interés general para sus afiliados (personas ciegas o con deficiencia visual grave) y para personas con otros tipos de discapacidad, en el ámbito de ONCE, Fundación ONCE e ILUNION.
Empleo y Formación
Se establece un nuevo Plan de Empleo y Formación para personas con discapacidad a desarrollar en los 10 años de duración del nuevo Acuerdo General, con los siguientes objetivos:
- Creación de 25.000 nuevos puestos de trabajo y plazas ocupacionales para personas con discapacidad; 5.000 de esos empleos se generarán en áreas relacionadas con la ciencia, la sostenibilidad y la tecnología.
- Se desarrollarán acciones formativas a favor de 100.000 personas con discapacidad, incluyendo 3.000 becas para jóvenes con discapacidad.
Ámbito social
En cuanto al contenido de ámbito social, el acuerdo mantiene los compromisos respecto a los fines sociales de la ONCE, incrementando el importe de los recursos destinados a servicios sociales para las personas afiliadas, incluyendo la atención a personas ciegas o con deficiencia visual grave extranjeras asiladas en España.
Se mantiene la obligación de la ONCE de aportar un 3% de sus ventas de productos de lotería a la Fundación ONCE, que destinará al menos un 60% a programas de empleo y formación y afrontará nuevos compromisos, como el de atender a personas con discapacidad psicosocial y mejorar las competencias laborales de 1.300 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.
Fuente: Presidencia del Gobierno