Andalucía plantea que los nuevos docentes universitarios tengan el nivel B2 de idiomas: esa es una de las medidas que se propondrá en la futura Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA).
Se trata de requerir el dominio del idioma a los docentes que accedan a la universidad, de modo que para poder concursar al cupo de profesores titulares se tenga, al menos, el nivel B2. No obstante, se ha precisado, que habrá una situación de tránsito con periodos de carencia que serán acordados con sindicatos y universidades para la aplicación de dicho nivel.
La futura Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA)
El borrador inicial de la nueva ley autonómica es un texto sobre el que la Consejería ha mantenido una reunión de trabajo de dos días con los rectores de las diez universidades públicas de Andalucía, así como una primera ronda de contacto con los Consejos Sociales, los estudiantes, y que continuará con los sindicatos.
En ella, se marcan una serie de objetivos básicos que pasan por potenciar la internacionalización del sistema de educación superior, mejorar y estabilizar la carrera académica, favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, incrementar los derechos del estudiantado e impulsar la transparencia de las universidades.
- Potenciar la internacionalización del sistema de educación superior. En el ámbito de la internacionalización, el consejero se ha referido también, junto a la propuesta de exigir el nivel B2 de idiomas, a la pretensión de fomentar el papel de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para proyectar al exterior el sistema público universitario, «independientemente de la autonomía de cada una de nuestras universidades».
- Mejorar y estabilizar la carrera académica. Sobre las plantillas, el borrador incluye igualmente regular la formación docente inicial del profesor, permitir que éstos puedan adscribirse temporal y parcialmente a otras administraciones públicas para el perfeccionamiento profesional o limitar el uso de la figura del profesor sustituto. Además, plantea abrir la puerta a nuevos perfiles de personal docente con el fin de lograr la excelencia académica y, en lo relacionado con el personal técnico de administración y servicios, profesionalizar la gestión universitaria a través de la carrera horizontal.
- Favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa. El consejero ha resaltado igualmente el fortalecimiento del papel de la transferencia del conocimiento flexibilizando la compatibilidad del Personal Docente e Investigador (PDI) para labores de transferencia y mediante el reconocimiento de esta actividad como esencial, tanto en la acreditación del profesorado como en su remuneración vía complementos autonómicos. Del mismo modo, el PDI podrá realizar tareas de dirección de centros públicos de investigación distintos a su universidad o de instalaciones científicas o de programas y proyectos, tareas por las que el personal podrá percibir un complemento económico, mientras que las universidades podrán establecer complementos salariales por especial relevancia en la transferencia del conocimiento en casos altamente destacados.
- Incrementar los derechos del estudiantado. En relación con los estudiantes, el consejero de Universidad ha resaltado que la futura legislación tiene la intención de recoger los derechos en materia de bonificaciones, reforzar el papel del Consejo Asesor de Estudiantes y, de manera prioritaria, la atención a la diversidad, garantizando la adaptación curricular con una mirada específica a los miembros de la comunidad universitaria con capacidades diferentes.
- Impulsar la transparencia de las universidades. Se prevé la creación de un observatorio de datos que permita la transparencia a la vez que facilita la evaluación de los resultados de las universidades, al tiempo que se refuerza la misma a través de la creación del Consejo de Transparencia e Integridad. Adicionalmente, la ley recogerá también la creación del cuerpo de inspectores de educación superior o el fomento de la figura de los colaboradores expertos.
Universidades «más competitivas»
El objetivo es generar estos cambios normativos necesarios para que las instituciones de educación superior puedan ser «más competitivas», unos cambios que requieren de diálogo y consenso porque «no nos podemos permitir poner en marcha una norma de esta envergadura de espaldas al conjunto del sistema».
«Lo hemos visto con la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que contó con el rechazo de las universidades españolas y de muchas comunidades autónomas», ha manifestado el consejero, quien ha recordado que en su día ya se advirtió al Gobierno de que la LOSU «no afrontaba de cara los retos de nuestras universidades y de que iba a generar unos costes inasumibles».
Al respecto, Gómez Villamandos ha recordado que la LOSU ya tuvo una primera consecuencia legislativa en Andalucía, donde hubo que modificar el artículo 40 de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) para recuperar la categoría laboral de profesorado contratado doctor, un perfil muy presente en las plantillas docentes de las universidades públicas, garantizando ahora su estabilidad y evitando que tengan que acreditarse en otra categoría.
