El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se adoptan una serie de medidas económica y sociales, cuya vigencia se amplía hasta el 31 de diciembre.
Bajada del IVA sobre la electricidad
Un primer conjunto de iniciativas busca proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, de la subida de los precios de la energía. El IVA sobre la electricidad pasa del 10% al 5% desde el 1 de julio hasta final de año y se mantiene el resto de medidas en vigor, como la ampliación de los descuentos del bono social o la reducción de otros impuestos vinculados a la electricidad.
Se prorroga la bonificación al precio del combustible
El nuevo decreto también prorroga la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles hasta el 31 de diciembre.
Reducción del precio del transporte público
Además, con el objetivo de fomentar el transporte público, se aprueba una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales; la reducción será del 30% para los abonos de las comunidades autónomas o las entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50%. Sánchez ha señalado que la reducción se aplicará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.
Subida del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas
Además, la norma recoge medidas específicas para las personas más vulnerables. Se mantienen el incremento transitorio del 15% del Ingreso Mínimo Vital y el aumento en un 15% de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez hasta el 31 de diciembre.
Ayuda de 200 euros
Una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros, un pago único que se podrá solicitar durante el mes de julio.
Otras medidas adicionales
- Prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua.
- Tope del 2% para la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual.
- Suspensión de los desahucios de vivienda habitual para personas y familias vulnerables.
- El aumento de los costes energéticos seguirá sin poder constituir causa objetiva de despido en las empresas que reciban ayudas previstas en el Decreto-ley.
- Congelación del precio máximo de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros.
Apoyo a los sectores más afectados
Otro grupo de actuaciones se centra en los sectores más afectados por la subida de los precios:
- se prorroga hasta septiembre el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social para el sector pesquero, agrario y del transporte urbano y por carretera;
- se destinan ayudas directas a las industrias gasintensivas y se amplían las ya existentes contra la sequía, entre otras iniciativas.
- amplía las medidas de protección a los afectados por la erupción volcánica de la Palma y prorroga el tipo reducido del 4% en el IVA para las mascarillas quirúrgicas hasta fin de año.
Impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas
Al margen del decreto-ley, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios de la energía.
El impuesto será presentado en las próximas semanas como proposición de ley por los dos partidos de la coalición de Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero del 2023, según ha detallado.
