Empleo público y jornada de 35 horas: negociación en marcha con dudas y tensiones
Los sindicatos de la función pública han vivido este lunes una jornada intensa de reuniones para avanzar en dos asuntos clave: la implantación definitiva de la jornada de 35 horas en la Administración estatal y las líneas generales de la próxima oferta pública de empleo para este año, que el Gobierno quiere aprobar a la vuelta de Semana Santa. Según fuentes sindicales, el Gobierno preparan una oferta de empleo para la Administración central “similar” a la de 2025, cuando se aprobaron casi 27.000 puestos. Aun así, en la reunión de este lunes solo se han tratado las líneas generales, y no será hasta este miércoles, cuando vuelvan a reunirse, cuando el Gobierno ponga cifras concretas sobre la mesa.
Así fue la oferta de empleo de 2025
El año pasado, la Oferta Pública de Empleo (OPE) alcanzó las 20.324 plazas de nuevo ingreso para la Administración General del Estado (AGE) y 6.565 de promoción interna, sumando 26.889 plazas. A esto se añadieron 7.373 plazas de nuevo ingreso para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras 2.326 de promoción interna para Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército. En total, se aprobaron unas 36.000 plazas, lo que supuso un 9% menos que en 2024. Eso sí, en la negociación de este lunes, Función Pública solo está tratando con los sindicatos los puestos de la AGE, no los de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Preocupación sindical: sin empleo neto
A la espera de más detalles, los sindicatos ya han advertido de que la futura oferta podría quedarse corta si repite el modelo de 2025, cuando no se creó empleo neto porque hubo más jubilaciones que nuevas incorporaciones. Por este motivo, CC OO, UGT y CSIF no respaldaron aquella OPE, como han recordado este lunes. Además, reclaman reforzar los organismos y departamentos que tendrán que gestionar la regularización de casi un millón de inmigrantes en los próximos meses, como las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social o el SEPE, entre otros.
La jornada de 35 horas, más cerca
Antes de hablar de empleo, las partes se reunieron para intentar cerrar los últimos detalles de la jornada laboral de 35 horas, con la idea de aplicarla ya en marzo a los más de 200.000 trabajadores de la Administración central, que actualmente trabajan en su mayoría 37,5 horas semanales. Según CSIF y UGT, Función Pública ha aceptado incluir también al personal de prisiones, que en un principio quedaba fuera. Con este avance, todo apunta a que la medida podría aprobarse esta misma semana y entrar en vigor en marzo, como estaba previsto. Para ello, previsiblemente el viernes se convocará la mesa general de la AGE que debe dar el visto bueno definitivo.
Discrepancias con el personal de prisiones. Pese a este avance, la inclusión del personal de Instituciones Penitenciarias no será en las mismas condiciones que para el resto de trabajadores de la Administración central, tanto funcionarios como personal laboral. En su caso, al igual que ocurre con el personal de establecimientos sanitarios o centros docentes de Ceuta y Melilla, las 35 horas tendrán que negociarse en sus propios ámbitos. Por ello, desde CCOO han advertido que podrían “no asumir un acuerdo de 35 horas en estas condiciones”, según ha señalado Montse Gómez, secretaria general del sector del Estado en esta organización. Gómez ha explicado que, tal y como se plantea el acuerdo, no se prevén cambios en el ámbito de aplicación ni en los nuevos horarios que se recogerán en una instrucción. Sin esas modificaciones, el personal de Instituciones Penitenciarias (tanto funcionario como laboral) y el de los centros sanitarios o docentes de Ceuta y Melilla seguiría quedando fuera, ya que solo puede negociar en su propio ámbito y no tiene garantizado lograr esa reducción.
Próxima reunión clave
Los negociadores de Función Pública volverán a reunirse con los sindicatos este miércoles con una nueva propuesta ya redactada. En función de las garantías que ofrezca el Gobierno a estos colectivos, el acuerdo podría contar con apoyo unánime o provocar que CCOO se desmarque. El Gobierno justificó la exclusión inicial de los funcionarios de prisiones por la particularidad de sus horarios y del servicio que prestan. Aun así, UGT y CSIF han aceptado que este colectivo pueda negociar por su cuenta la reducción de jornada. De hecho, CSIF ha informado de que ya ha solicitado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una reunión urgente del grupo de Jornadas y Horarios para aplicar las 35 horas en prisiones.
Ajustes en horarios y jornadas especiales. La próxima propuesta del Ejecutivo también tendrá que contemplar la adaptación de las jornadas de especial dedicación, que actualmente son de 40 horas semanales, especialmente en el caso del personal que trabaja algunas tardes de cara al público. A estos trabajadores se les reducirá previsiblemente la jornada de forma proporcional respecto a quienes pasan de 37,5 a 35 horas semanales. Además, será necesario adaptar las jornadas de verano al nuevo horario.
La OPE, ligada a la reducción de jornada. UGT y CSIF también han vinculado la Oferta Pública de Empleo con la necesidad de compensar la reducción a 35 horas. En este sentido, además de pedir la creación de empleo neto, UGT reclama que los procesos selectivos se agilicen para que comiencen en el mismo año de su publicación y así acortar los plazos hasta su resolución. Por último, los sindicatos han denunciado que siguen sin convocarse las ofertas de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025. En total, se trata de 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna que aún están pendientes, según cálculos de UGT.