La Junta presenta el II Plan de Empleo para Personas con Discapacidad para avanzar en igualdad de oportunidades
La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha presentado en el Parlamento andaluz, en el marco de una jornada sobre empleo y discapacidad, el II Plan de Empleo para Personas con Discapacidad en Andalucía (PEPDA) 2025-2028, una estrategia integral orientada a impulsar la igualdad de oportunidades mediante el refuerzo a la inserción laboral, el acompañamiento profesional y una formación adaptada a las necesidades del colectivo.
El documento, que será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación la próxima semana, ha sido elaborado por la Consejería de Empleo junto a CERMI-Andalucía, y ha contado con la participación del tejido asociativo ligado a este colectivo, los agentes económicos y sociales más representativos, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y once centros directivos pertenecientes a cinco consejerías de la Junta de Andalucía. La titular de Empleo ha recordado que en Andalucía viven 380.700 personas con discapacidad en edad laboral, aunque solo una de cada cinco tiene un empleo. En la misma línea, también ha advertido que la tasa de actividad del colectivo se sitúa en el 45,4%, muy por debajo del 78% de la población en general, registrando, además, un 30% de paro.
Un instrumento para avanzar hacia la igualdad real
El Plan está diseñado para atender a más de 160.000 personas con discapacidad reconocida en Andalucía mediante 33 medidas específicas destinadas a mejorar la coordinación administrativa, la atención especializada y las oportunidades de acceso al empleo para las personas con discapacidad. Entre ellas destacan:
- un protocolo de Comunicación Interdepartamental para coordinar la actuación de los centros directivos;
- la creación del sistema «NormaEmpleo«, un repositorio con normativa, buenas prácticas y herramientas de evaluación que se actualizará de forma continua;
- se refuerza también la atención en las oficinas de empleo mediante un protocolo específico y formación especializada para el personal, así como la ampliación de servicios de orientación, acompañamiento y prácticas profesionales para personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. Incluye, además, programas de atención integral, el compromiso de inserción en la colaboración público-privada del SAE y un servicio de asesoramiento a empresas para facilitar el cumplimiento del 2% de contratación.
- Entre las medidas de accesibilidad e inclusión figuran la implantación de un Sistema Tecnológico de Comunicación Inclusivo para personas con discapacidad auditiva, la publicación del Plan en lectura fácil y un sistema de evaluación permanente.
- El documento se completa con una campaña de sensibilización empresarial —»Distintas capacidades, un mismo compromiso»— y la realización de estudios estadísticos sobre empleo y discapacidad en Andalucía.
Compromiso con la inclusión
La presentación del II PEPDA coincide con el refuerzo de una política de inclusión laboral que ya impulsa la Consejería a través de distintas líneas de apoyo. Entre ellas destacan los 121,3 millones destinados este año a los Centros Especiales de Empleo y al mercado ordinario, un 11,3% más que en 2024, para el mantenimiento de más de 21.000 empleos; las ayudas a Empresas de Inserción por valor de 4,8 millones; y el desarrollo del Programa Emplea-T, cuya línea 4 contó en 2024 con 49 millones para la contratación indefinida de personas con discapacidad.
A estas medidas se suman los programas de Orientación Profesional con 31,2 millones, las Experiencias Profesionales para el Empleo con 24 millones y los Proyectos Integrales de Inserción Laboral financiados con más de 200 millones de fondos FSE+, que han beneficiado a casi 3.000 personas. También continúa el programa de colaboración con Agencias de Colocación, que ha mejorado la empleabilidad de 484 personas, con un nuevo contrato previsto antes de final de año.
Además, la Consejería está trabajando en dos nuevas líneas: una orden de Empleo con Apoyo de 4 millones de euros para acompañar a las personas con mayores necesidades durante todo su proceso de integración laboral; y una convocatoria específica de Formación Profesional y en el Trabajo, de 1,4 millones, para ofrecer formación accesible y ajustada a las necesidades reales del mercado de trabajo.
