El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue ampliando su alcance. En julio ha llegado a 879.225 hogares, en los que viven 2.682.646 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La prestación tiene una cuantía media de 504,5 euros al mes por hogar y la nómina correspondiente a julio ha ascendido a 473,3 millones de euros. El crecimiento respecto al año pasado es significativo: hay 126.756 prestaciones activas más que en julio de 2025 (un incremento del 16,9%). También aumenta el número de personas beneficiarias: son 383.646 más que hace un año (un aumento del 16,7%).
Sobre todo mujeres
Si hay un rasgo que define especialmente al IMV es su marcado perfil femenino. En julio, 598.302 titulares (el 68% del total) fueron mujeres. Entre todas las personas beneficiarias, las mujeres representan el 53,4%, con 1.433.576 beneficiarias.
Niños y adolescentes
Pero si hay un ámbito en el que el Ingreso Mínimo Vital está teniendo un impacto especialmente relevante es el de la infancia. Actualmente, 1.089.965 niños, niñas y adolescentes reciben el IMV. Son prácticamente el 41% del total de beneficiarios. La cifra adquiere todavía más dimensión si se mira desde que comenzó la prestación: más de 1,6 millones de menores han estado cubiertos por el IMV desde 2020.
Además, más de dos tercios de las familias que reciben esta ayuda tienen menores a cargo. Son 602.620 hogares, cerca del 70% del total. Un dato que refleja el papel que está desempeñando el IMV en la protección de las familias y, especialmente, en la lucha contra la pobreza infantil.
Familias monoparentales
La estructura de los hogares también permite entender dónde se concentra buena parte de la vulnerabilidad económica. De los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital, 147.491 son monoparentales. En su mayoría están sostenidos por mujeres que afrontan solas la responsabilidad de cuidar y sacar adelante a sus hijos.
Es una realidad que muestra una mayor exposición de estas familias a la precariedad y cómo las dificultades económicas pueden hacerse todavía más intensas cuando una sola persona asume tanto la responsabilidad económica como la de los cuidados.
Un refuerzo específico para los hijos: el CAPI
A esa protección se suma el Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI), que proporciona una ayuda adicional por cada hijo o hija a cargo. En julio lo han recibido 613.088 hogares. La ayuda media es de 67,3 euros por menor y de 122,8 euros por hogar.
La cuantía depende de la edad del menor: 115 euros al mes para menores de 3 años, 80,5 euros al mes para niños entre 3 y 6 años y 57,5 euros al mes para edades entre 6 y 18 años.
Una de las claves del CAPI es que puede cobrarse de manera independiente del Ingreso Mínimo Vital, porque sus umbrales de renta son más amplios. Eso permite que no llegue únicamente a familias en situación de pobreza severa, sino también a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, una familia formada por dos adultos y dos menores puede solicitarlo con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes. De esta manera, la red de protección frente a la pobreza infantil llega bastante más lejos.
Ingreso Mínimo vital, inclusión y empleo
El IMV no pretende ser únicamente un colchón económico. También busca servir como apoyo en el camino hacia la inclusión y el empleo. La edad media de las personas beneficiarias es de 28,6 años. Si se excluye a los titulares, baja hasta los 20,2 años. Son cifras que muestran el peso que tiene la prestación entre personas que se encuentran precisamente en una etapa en la que comienzan su vida laboral.
En este sentido, la posibilidad de compatibilizar el IMV con rentas del trabajo, junto con los incentivos a la inserción laboral, refuerza su papel como herramienta de transición hacia el empleo.
Además, las últimas mejoras han facilitado el acceso de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Pueden solicitarlo, por ejemplo, personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y hay otro cambio importante: para los menores de 30 años se ha reducido de tres a dos años el período de vida independiente exigido.